La “reforma inútil” de la LXII Legislatura del Estado

+ Nuevo Tribunal de Justicia Administrativa con 12 magistrados para cuidar la retirada del sexenio + El cambio del IEEPO confirma lo sabido: Gobierno y Sección 22 se aprovecharon de la institución en detrimento de la educación + “Esta guerra apenas empieza”, dicen los ultras y velan armas

Abundio Núñez

En la euforia de su acuerdo consensuado sobre la reforma político-electoral para Oaxaca, los diputados y diputadas de todos los partidos representados en la LXII Legislatura local fueron, sin razonarlo, más allá de sus facultades constitucionales y ese martes 30 de junio de 2015 aprobaron lo que hoy se difunde como el “fracaso” o la “reforma inútil”.

Congreso-del-Estado-30.07.15-bolTan supuestamente bien armado estaba el acuerdo, que la noche de ese mismo 30 de junio ya se tenía publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, bajo el decreto número 1263.

Y es que presuntamente bien pagados, con varios miles y millones de pesos en la bolsa, los legisladores locales abrieron la Caja de Pandora en Oaxaca, con las adecuaciones a la nueva Ley político-electoral aprobada con anticipación por el Congreso de la Unión.

Por las prisas, autorizaron sin pensarlo una serie de disposiciones legales que dieron pie a que la coalición gobernante, integrada por los partidos PRD, PAN, PT, MC y con el apoyo del PUP, PSD y el “independiente” Jefté Méndez Hernández, se fueran hasta el fondo la noche-madrugada del 10-11 de julio de 2015, luego de que no lograran el consenso con el PRI para aprobar las leyes secundarias tipificadas en la hoy llamada Ley Electoral.

Ese fue el fondo del zafarrancho protagonizado por legisladores del PRI-PVEM contra sus homólogos de la coalición gobernante en esa memorable sesión interrumpida con gases lacrimógenos la noche-madrugada del 10 de julio de 2015, que luego fue concluida en favor de la alianza PRD-PAN-PT-MC con disposiciones legales que el PRI dice ya impugnó y espera los resultados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El caso es que la “reforma inútil” del 30 de junio, cuando la mayoría de las diputadas y los diputados locales votaron sin pensar en las consecuencias futuras, al calor del “pago por evento”, se vislumbra ahora como una consigna que benefició sólo a algunos “grupos fácticos” de Oaxaca.

Con el argumento recurrente de que “los diputados oaxaqueños siempre están a la vanguardia de las leyes nacionales”, los representantes populares de la LXII Legislatura local aprobaron por complacencia la fusión de dos organismos judiciales autónomos como eran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y el Tribunal de Fiscalización y Cuentas (TFyC), sin que realmente fuera necesario, y ahora se llama Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Diputados-Gases-30.07.15-bol¿Por qué? Pues porque estas nuevas disposiciones tendrán que modificarse el año próximo, 2016, cuando en verdad entre en vigor el llamado Sistema Anticorrupción, aprobado por el Congreso de la Unión.

Sin embargo, los nóveles diputados de Oaxaca ya se adelantaron a la Ley Anticorrupción, pero para proteger a los grupos políticos que dejan el poder estatal en 2016.

Se trata de una necedad para satisfacer otros intereses, menos los de Oaxaca. Es un organismo inútil y destinado al fracaso porque el año entrante tendrá que volver a reformarse.

Y para equilibrar la “justicia” que viene los representantes populares cedieron su voto y contra la lógica impar de la justicia ratificaron la propuesta de designar a un total de 12 magistrados en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, de los cuales seis vienen del TCA y un número igual del TFyC.

Ahora creció la burocracia y, por consiguiente, la nómina de la justicia oaxaqueña, porque seis son magistrados propietarios y seis suplentes y a todos se les paga muy bien.

El TCA fue creado en tiempos del gobernador Ulises Ruiz Ortiz con tres magistrados: Xóchitl Pérez Cruz, Ana María Cruz Vasconcelos y Pedro Zamora Martínez, pero a la llegada del “gobierno del cambio” se le incrementaron otros dos: Abraham Santiago Soriano y Hugo Villegas, quien fue el último presidente. Y el 9 de abril de 2015, a propuesta expresa del gobernador Gabino Cué Monteagudo, se agregó en un puesto de nueva creación a Enrique Pacheco Martínez, para completar un total de seis.

Sin embargo, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, no se quedó atrás y con todo su “poder fáctico” a cuestas impuso a su amigo José Luis Ríos Cruz como magistrado del TSJE.

Luego, completó su sexteta en lo que fue el Tribunal de Fiscalización y Cuentas con Tomás Quiroz como presidente y en el equipo María Elena Villa de Jarquín, Frida Jiménez Valencia, Adrián Quiroga y otra magistrada de nombre Nayela.

Así, los doce magistrados del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa durarán en su encargo siete años, los suficientes para cuidar la conclusión de las administraciones del gobernador Cué Monteagudo y del magistrado presidente Lagunas Rivera.

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El cambio del viejo al nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), emitido mediante decreto por el gobernador Gabino Cué el martes 21 de julio de 2015, ha permitido confirmar lo que ya se sabía, pero no se aceptaba:

Marcha-S22--30.07.15-bolQue durante los últimos 35 años la dependencia ha servido para beneficiar a familiares y amigos de ambos bandos, el gobierno y la Sección 22 del SNTE, por partes iguales, menos a la educación de las nuevas generaciones de oaxaqueños y oaxaqueñas.

Heridos de muerte en sus bolsillos, cuando sienten que se les va de las manos el aparato económico que les sirvió durante más de tres décadas para el control político, salen a relucir las verdades, aunque sea a medias.

Desde el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, hasta el gobernador Cué y el “viejo” director del “nuevo” IEEPO, Moisés Robles, aseguran que la Sección 22 se sirvió de la institución, donde fue “juez y parte” con el 92 por ciento de los cargos, para medrar y cobrar sin trabajar, en detrimento de la educación de las niñas y los niños.

Y los líderes de la Sección 22 alegan lo contrario. Afirman que su estructura de gobierno en el IEEPO sólo incluía a 1 mil 137 empleados administrativos, entre jefes y mandos medios y superiores, y que el resto hasta completar unos 2 mil los ponía el gobierno estatal en turno.

Peleados los siempre amigos salen a relucir las verdades. Los sindicalistas aseguran que los “aviadores”; es decir, los que cobraban sin trabajar, los ponía la administración gubernamental, así como los partidos políticos, diputados, diputadas y hasta los periodistas, de los cuales ya salieron a relucir varios nombres.

Cada quien le echa la culpa al contrario. Nadie acepta sus errores. Porque la Sección 22 tampoco admite que su cuota de “puestos” en el IEEPO fue para sus amigos, familiares y camaradas, incluidos personajes de organizaciones sociales y hasta de la guerrilla.

Así, el IEEPO fue el botín de autoridades y trabajadores, un pacto  no escrito de complicidades, contubernio y corrupción en el que cada uno soportaba y tapaba los excesos y arbitrariedades del otro, en una acción que implicó la dilapidación de cientos de miles de millones de pesos.

El dinero sirvió para hacer nuevos ricos y forjar trabajadores holgazanes, porque el nivel educativo no se ve por ninguna parte. Gobierno y Sección 22 del SNTE dilapidaron el patrimonio de la institución y nos llevaron al último lugar del aprendizaje en el país y todavía no les da vergüenza.

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Abierta la confrontación entre los gobiernos federal y estatal contra la Sección 22, que es cabeza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), esta guerra apenas empieza porque está claro que los beneficiarios del gremio no se van a declarar vencidos sin pelear o por lo menos negociar.

Disminuido en su convocatoria estatal como antaño, lo que se vio en las últimas marchas, el Magisterio le apuesta al apoyo de los militantes de las organizaciones sociales, donde tiene a miles de seguidores, incluidos sus “chachacuales”, así como a la cobertura mediática de una veintena de estados donde opera la CNTE, especialmente Guerrero, Michoacán y Chiapas.

Guelaguetza-Especial-30.07.15-bolHabrá que esperar la intensidad y la modalidad de sus respuestas ante el despojo del IEEPO, su principal fuente de financiamiento para todos sus propósitos, algo que nunca pensaron perder. El gobierno los cogió por sorpresa.

Ante la presencia en la entidad de miles de gendarmes nacionales, adscritos a la Policía Federal, con el apoyo de helicópteros y de otras fuerzas como el Ejército y la Marina, los líderes sindicales han delineado su estrategia:

“Esto apenas inicia y hoy el Gobierno del Estado se siente fuerte porque tiene sitiada la ciudad de Oaxaca, pero no siempre va a estar la Policía Federal”, dicen unos.

“La asamblea popular de los pueblos de Oaxaca tiene experiencia y sabe en qué momento avanzar, retroceder y organizar sus fuerzas y en qué momento golpear al enemigo”, advierten otros.

Twitter: @abundionunez

Correo-e: abunez@live.com.mx

 

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