Director: Abundio Núñez Sánchez
 Oaxaca de Juárez, Oax. Miércoles, 23 Abr 2014
Jaime Guerrero / e-oaxaca.mx

OAXACA, OAX., mayo 16.- Familiares de los asesinados en Santiago Choapam advirtieron sobre el recrudecimiento de la violencia en ese municipio de la zona mixe oaxaqueña, al revelar que deudos de San Juan del Río, Santa María Yahuivé y Santa María Latani “están planeando un ataque en contra de Choapam”.

Durante el velorio de Amador Donato López Castro, realizado en la agencia funeraria Núñez Banuet de esta Ciudad de Oaxaca, Maricela Silva López y Nabor López Castro, sobrina y hermano del emboscado, pidieron a la Secretaría General de Gobierno intervenir de manera oportuna en este conflicto para evitar una matanza.

“Ya nos vino a ver la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, y le dijimos que a la brevedad posible envíe seguridad porque San Juan del Río, Santa María Yahuivé y Santa María Latani están planeando un ataque en contra de Choapam, donde van a barrer el pueblo”, advirtió Nabor.

Aseguraron que en la emboscada del sábado 14 de mayo están involucrados un grupo de maestros de la primaria y preescolar, que participaron intelectual y materialmente en el crimen, así como dos sacerdotes y el diputado local Flavio Sosa Villavicencio y su asesor César David Mateos Benítez.

Nabor refirió que el origen del conflicto en Choapam “es la disputa por las participaciones municipales del ramo 28, que siempre han sido controladas por la autoridad en turno de la cabecera, ya que a las agencias las privan de lo que por ley les corresponde”.

Dijo que les han negado también el derecho a los programas sociales, y los amenazan con desterrarlos de Santiago Choapam.

“Fue una masacre porque ellos (los asesinados) no llevaban armas, iban pacíficamente”, dijeron.

Acusaron como los “principales agitadores” al profesor Usiel Luciano, de la Sección 22 del SNTE, y Bertoldo Yescas, quien es síndico electo, además de Antonino Esteban Matías Cano, alcalde impugnado, y el administrador Jesús Cerqueda.

Maricela Silva López dijo que el Administrador ordenó a la patrulla 628 de la Policía Preventiva estatal “dotar de gasolina a los agresores el día de los hechos (sábado), para quemar las unidades en que trasladaban a los campesinos”.

Y el domingo, el Administrador municipal ordenó al operador de la retroexcavadora, Tiburcio Salinas, “levantar la evidencia de los montones de tierra que colocaron para impedir el paso y realizar la masacre”.

Luego de las acusaciones, Marisela y Nabor informaron que interpondrán una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Reprocharon al Gobierno del Estado actuar negligentemente, “porque el Secretario Particular del Gobernador (Benjamín Robles Montoya) sabía de esta situación; por eso creo yo que deben renunciar quienes fueron omisos”.