¡Nunca más!

En su discurso de toma de posesión, el gobernador Gabino Cué Monteagudo expresó que el eje de su administración será el tema de los derechos humanos.

Y una de sus primeras acciones constituye la creación de la oficina del Comisionado de Derechos Humanos, en reconocimiento a la gravedad de los agravios del 2006 y al hecho de que Oaxaca ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional respecto a la afectación de defensores de las garantías individuales.

El titular del Poder Ejecutivo estatal ha utilizado en varias ocasiones la expresión “nunca más…” para deslindarse de las acciones represivas de su antecesor, de rechazo al abuso del poder público para beneficio personal o para favorecer a un grupo en detrimento de la mayor parte de la población; ha insistido en su postura en favor de la reconciliación.

“Nunca más” ha sido el titulo de varios informes de investigación de organizaciones civiles en torno a situaciones de conflicto, en los cuales los aparatos estatales han reprimido a diversos movimientos sociales y a la población civil en varios países.

Particularmente de las dictaduras que fueron desarticuladas en las últimas décadas del siglo pasado, mismas que registraron genocidios, crímenes de lesa humanidad, desaparición de personas, ejecuciones, prisión política y tortura, entre otros.

En la historia reciente, las investigaciones de búsqueda de la verdad se remontan a Uganda en 1974, pero que se extendieron a otros países de África, América Latina, Asia y Europa en el transcurso de los siguientes años, bajo la idea de que la verdad ayuda a la toma de conciencia social sobre realidades que se ocultaron en su momento debido.

Las conclusiones de todos esos informes coinciden en que la toma de conciencia sobre violaciones a los derechos humanos es importante para el avance de la democracia y del Estado de derecho.

La consigna “nunca más” de dichos informes no apuesta al olvido; por el contrario, pasa por la recuperación de la memoria de los hechos ocurridos a través de testimonios de las víctimas, de sus familiares, a través de evidencias fotográficas y diferentes aportes de testigos con miras a esclarecer y articular las experiencias hacia la reconciliación.

Asimismo, con la pretensión de alentar la disposición política de los gobernantes para construir un mayor entendimiento entre todas las partes.

De manera concreta, las diversas experiencias internacionales de recuperación del pasado y de restauración de la justicia han considerado varias acciones como museos de la Memoria y los Derechos Humanos, que con exposiciones, fomento a la investigación, historia de los agravios, bibliotecas, talleres de derechos humanos, hasta la inserción de esta temática en sus programas educativos, entre otras actividades, han contribuido a la formación y expansión de la cultura de los derechos humanos y del respeto mutuo.

El ejercicio de la memoria no se trata de un regreso al pasado, sino de un mayor conocimiento de la realidad, puesto que la historia es entendida como la búsqueda de datos y comprensión de los mismos, para dar sentido al presente y apuntalar nuevas esperanzas y rutas de acción.

En sentido contrario, el desconocimiento o la negación de los errores cometidos llevan consigo el riesgo de su repetición, la continuidad del esquema autoritario y la persistencia de la desconfianza social en las acciones gubernamentales.

De acuerdo con Amnistía Internacional en su documento Comisionar la justicia: las comisiones de la verdad y la justicia penal (España, 2010), el trabajo de las instancias civiles “es adecuado durante un tiempo para ayudar a cumplir la obligación del Estado de respetar, proteger y promover el derecho de las víctimas”.

Sin la aplicación de la ley y sin atender los reclamos de justicia, el llamado a la reconciliación podría quedar solamente en demagogia.

La reconciliación depende del aliento y el respeto de los gobiernos al trabajo de organismos civiles en el esclarecimiento de los hechos ocurridos, que no sustituye a las instancias judiciales, sino que ayuda con su labor para sentar las bases del inicio de juicios apegados a la ley.

Además, son estas iniciativas civiles las que podrían otorgar mayor legitimidad y fuerza a organismos autónomos como las comisiones locales para la defensa de los Derechos Humanos, al trabajo de las instancias fiscalizadoras y sobre todo, a los gobiernos mismos.

El proceso en su conjunto pasa por la voluntad política de los gobernantes, por su buena disposición para atender las recomendaciones de los diversos organismos de protección y defensa de los derechos humanos.

La disposición política por recuperar la memoria es importante en una etapa de transición porque sienta las bases del cambio de ruta en las próximas relaciones entre los gobernantes y los ciudadanos.

Respecto a los grupos de poder que se oponen al desarrollo de estas iniciativas y que hacen todo lo posible para no ser juzgados, la respuesta ha sido la misma, “cacería de brujas”, como un recurso político para deslegitimar la aplicación de la ley; aunque en los hechos y en todas las experiencias ocurridas en el mundo, estos grupos operan a través del amedrentamiento de las víctimas y de sus familiares, la desaparición de documentos, la compra de conciencias, y las negociaciones económicas y políticas para atenuar o inhibir su sanción.

Por ello, la expresión del gobernador Cué, “nunca más el uso de la fuerza pública para reprimir, nunca más el uso de la fuerza pública para callar demandas sociales”, más que una referencia discursiva, se convierte en la condición necesaria para la reconciliación después de una etapa de conflicto político y social como la que ha vivido Oaxaca.

Esta reconciliación debe considerar la reparación de daños en las víctimas y sus familiares para sanar las heridas que demanda el cambio democrático.

*Investigador del IISUABJO

sociologouam@yahoo.com.mx