Director: Abundio Núñez Sánchez
 Oaxaca de Juárez, Oax. Sábado, 19 Abr 2014

IEE: ¿Árbitro imparcial o Juez y parte?

Víctor Leonel Juan Mtz

¿A quién conviene un órgano electoral partidizado? La respuesta es más simple de lo que parece: a nadie, pues alienta la desconfianza ciudadana; representa una regresión en los avances democráticos y, final y paradójicamente, no sirve ni siquiera a los partidos políticos que sufrirán las consecuencias de las decisiones que ahí se tomen.

Basta dar un vistazo a la historia reciente de México y Oaxaca. El primer consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) fue integrado por destacados personajes de la academia y la sociedad civil, con José Woldenberg a la cabeza.

Gracias a esa integración ciudadana, el IFE se convirtió en la institución más sólida, respetable y con mayor credibilidad de los mexicanos en la última década del siglo XX y en los primeros años del actual.

Sin duda, su actuación imparcial, cuidadosa de que no se incurriera en ilegalidades y el peso moral que tenían, fue fundamental para lograr elecciones limpias y confiables en este país, que en 2000 permitieron la alternancia en la Presidencia de la República.

Situación distinta se presenta a partir de la renovación de esos consejeros electorales. La designación de Luis Carlos Ugalde --pese a que éste provenía de la academia--, como la de quienes lo acompañaron en el IFE, fue merced al reparto de cuotas entre los partidos políticos.

Una situación que derivó en la crisis político-electoral del 2006, en la desconfianza de millones de ciudadanos en los resultados de la elección presidencial, y en la impugnación de los mismos.

En dos patadas se acabó con la institución más sólida de los mexicanos.

Lejos de aprender, la situación se repitió con el nombramiento del actual consejo del IFE. Incluso, ahora mismo se encuentra entrampada la designación de tres consejeros, porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo respecto a cómo se repartirán las posiciones.

El PRI, incluso, ofrece abdicar de su cuota a cambio de la presidencia del organismo, un esquema similar al que se puede plantear en nuestra entidad.

Por otra parte, en Oaxaca está demostrado hasta el cansancio que el Instituto Estatal Electoral (IEE) sirve a los intereses, ni siquiera de un partido, sino de un grupo político: el ulisismo.

Ello ha derivado no sólo en violentar la ley, sino en poner en riesgo la estabilidad y paz social de Oaxaca y sus municipios.

Es que durante las últimas décadas la representación del IFE local ha estado en manos del poderoso grupo “Tecnológico” (David Palacios, García Revilla), que igual servía sólo a estos facciosos, antes que a la democracia.

Así, los afectados directamente con las resoluciones de unos y otros han sido ¡los partidos políticos!, pues en ese contexto los consejeros pueden hacer alianzas coyunturales, según el momento político y los acuerdos a que lleguen a los partidos que representan para tomar decisiones clave durante las elecciones.

En 2006 y posterior a esa fecha se ha visto cómo, por ejemplo, cerraron el paso a cualquier posibilidad de éxito de las protestas del PRD, como antes lo habían hecho en las intermedias en contra del PAN y, ahora, en las alianzas de estos dos partidos empujan para perjuicio del PRI.

Paradójicamente, contra lo que creen, la mejor garantía que tienen los propios partidos políticos es un órgano electoral fuerte, autónomo del gobierno y de los partidos, con la solvencia moral y el profesionalismo de sus consejeros.

Esa será la mejor garantía para ellos de que no se pueda revertir en su contra cualquier decisión.

En las elecciones de 2004 a gobernador, como en la de 2010, el consejo general del IEE, pese a estar integrado por representantes partidistas disfrazados de consejeros, sin el menor rubor jugaron en contra de la alianza opositora.

Por eso es de extrañar la reciente modificación al Código electoral realizada por la sexagésima primera Legislatura del estado.

Ahí refrendan una de las disposiciones más retardatarias del ulisismo: la apropiación del órgano electoral por los partidos que, además, es justo en el sentido contrario del mandato ciudadano y de las exigencias de la sociedad civil: Ciudadanizar al órgano electoral, garantizar su autonomía y fortalecerlo.

La modificación del periodo del consejo general del IEE, por supuesto, es necesaria ante la actual norma y el embrollado mecanismo que propone la Iniciativa de reformas constitucionales presentada por el gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Pero la modificación de la forma deja intocada la necesaria revisión del fondo que hace rato se ha planteado respecto al órgano electoral.

El atropellamiento en que fue aprobada la modificación del Código electoral, bien puede ser motivo de una auténtica reforma, ésta sí, de fondo.

Que los partidos políticos entiendan que la mejor defensa de sus intereses partidarios en una democracia es un órgano electoral autónomo a ellos, que se evite que el peso de algún grupo político sea el que determine las reglas del juego, y el árbitro electoral no sólo cuide que las reglas se respeten, sino que las acate; es la mínima exigencia que se puede hacer.

El pueblo de Oaxaca votó por eso y en contra de los excesos del régimen precedente. Por lo pronto, el rumbo parece más hacia el retroceso que al apuntalamiento de bases democráticas; un embrollo que se puede solventar modificando nuevamente la legislación o, cuando menos, ciudadanizando realmente el organismo electoral.

Los próximos días serán fundamentales para conocer si los diputados deciden imponer a militantes encubiertos de sus partidos, constituyéndose en juez y parte de los procesos electorales, o bien acatan el mandato de las y los oaxaqueños de contar con un árbitro imparcial, profesional y confiable.

vicleonjm@hotmail.com

Twitter: @victorleonelj