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Edomex: otra más contra la vivienda popular

Los medios informativos del Estado de México han hablado del conflicto entre un grupo de antorchistas sin techo y la presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, de origen priista, Alejandra del Moral Vela. Pero dan una imagen totalmente distorsionada y, por supuesto, descaradamente cargada en favor de la alcaldesa y su grupo.

Por eso, y porque la justicia está del lado de los colonos pobres, y porque estoy convencido de que todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna, es que hoy me ocupo del asunto.

Se afirma que un grupo de precaristas, no originario de Cuautitlán Izcalli (lo que, al parecer, es un delito o es causa de privación de derechos), encabezado por la diputada Maricela Serrano Hernández, pretende invadir un predio de 27.5 has., ubicado en la zona conocida como Lago de Guadalupe.

Y, contra tal “abuso”, se han levantado heroicamente (así dicen sus paniaguados de los medios) la alcaldesa y un “grupo de ejidatarios” que son “los verdaderos dueños del predio”.

Lo primero que hay que aclarar es que esos “ejidatarios” no son tales. Allá por 1979, algunos de ellos solicitaron se les dotara, por vía ejidal, un área que comprendía el predio hoy en disputa, pero nunca lograron su propósito por tres razones: primera, no alcanzaban el mínimo de 20 elementos exigido por la ley (eran sólo 17); segunda, se demostró que demandaban tierra con vocación urbana; tercera, el área solicitada estaba considerada como reserva ecológica.

Ante el fracaso, comenzaron a vender lotes sin ningún respaldo jurídico, a gente de buena fe pero que desconocía la situación legal del terreno.

Para 2001, los traficantes, encabezados por José Rendón Orozco, Orlando Guerrero Mendo, Guadalupe Olguín y José Belem Arvizu, reunían ya un total de 70 gentes. Con esa “fuerza”, se lanzaron a exigir la “regularización” de las ventas fraudulentas.

El negociador por parte del Gobierno del Estado fue el licenciado Axel García Aguilera, entonces fiscal de bienes inmuebles, quien les prometió la regularización solicitada, pero, en vez de eso, el 11 de junio se presentó un grupo de judiciales que, sin más averiguaciones, cargó con 20 colonos que fueron a parar al penal de San Juan Ixhuatepec. Tres de ellos (Eleuterio Ortega Silva, Fernando González Medina y Aurelio Padrón Ibarra) fueron condenados a 6 años de cárcel por los delitos de invasión y fraccionamiento clandestino.

Se formaron entonces tres grupos: el de Orlando Guerrero, el de Guadalupe Olguín y el de José Belem Arvizu. En 2004, se les agregó otro “dueño legítimo”, Adrian Santiago Santiago, y, juntos, continuaron la venta indiscriminada e ilegal de terrenos. Estos son los “ejidatarios” que hoy abandera la presidenta del Moral.

Los abusos y la reiterada evasiva para regularizar la propiedad, obligaron a los defraudados a demandar ante las autoridades de Cuautitlán Izcalli el cese de las amenazas contra los inconformes y una investigación contra Adrian Santiago, por defraudador.

Los nulos resultados los llevaron, finalmente, a buscar el apoyo de los antorchistas. La actuación de éstos jamás ha sido secreta ni subrepticia sino abierta y legítima.

Pruebas: el 30 de julio de 2008, en oficio 224D16200/131/08, el IMEVIS (el órgano estatal competente entonces) dirigido al biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez, representante del grupo, asume el compromiso de regularizar la “fracción G” de la ex hacienda de Santa María de Guadalupe, Tepojaco, Municipio de Cuautitlán Izacalli. Asume, además, la desincorporación del área consolidada con asentamientos humanos y su regularización total.

En ese mismo 2008 se fundan una escuela de nivel preescolar y una primaria, con pleno reconocimiento oficial del gobierno del Estado de México.

En 2009, se refrenda el compromiso de regularizar los predios y se negocia, con la presidencia municipal, la dotación provisional de agua potable y de energía eléctrica, entre otros servicios. Existen los documentos respectivos.

En 2010, IMEVIS levantó el plano del área, resultando un total de 27.5 hectáreas, que a decir de la propia dependencia, además de los lotes habitados, comprendía “un excedente” que Antorcha podría fraccionar, a condición de pagar el costo total del terreno. Sobre esta base, absolutamente legal, actúa y actuó siempre el Movimiento Antorchista.

De 2005 a la fecha, todo transcurrió en calma, pero de pronto, en febrero de este año, los “ejidatarios” comenzaron a protestar contra el asentamiento. El lunes 5 de abril, unas 150 personas fueron recibidas por la presidenta que, de inmediato, les prometió “todo su respaldo” contra un “grupo de extraños, subversivo, agresivo y belicoso”.

Al día siguiente, 6 de abril, “ejidatarios” y distintas policías, al mando de José Ismael del Moral, padre de la presidenta, arremetieron contra los indefensos locatarios.

Saldo: 43 heridos, 31 vehículos incendiados total o parcialmente; 14 viviendas destruidas y 40 detenidos, liberados luego por falta de méritos.

¿Qué pasó aquí? Nada, es decir, lo de siempre. Se sabe bien que el señor Axel García Aguilera, ex presidente municipal, ex subprocurador de justicia y fallido negociador del problema, junto con la presidenta municipal y un grupo de influyentes, encabezan un gran proyecto para explotar comercialmente la zona. Y los antorchistas les estorban.

Eso es todo. Por su lado, funcionarios del gobierno mexiquense han pedido a los agraviados que “acepten su reubicación”, sin dar ningún argumento atendible. El contubernio es claro. La vieja historia se repite: los ricos a las mejores tierras; los pobres a las barrancas, a los lechos secos de los ríos, a los cerros y a los peñascales.

Y luego, cuando sobrevienen los derrumbes, los deslaves, las muertes por ahogamiento, ¡a llorar lágrimas de cocodrilo para desarmar a las víctimas! ¡Y así hasta el infinito, hasta que el pueblo quiera!

* Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional.

 

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