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Que la nación se los demande

MUJERES Y POLÍTICA.- La impunidad es el principal motivo para que la venganza –si así fuera– siga provocando crímenes en la zona triqui y la irresponsabilidad de la autoridad ya no extraña a nadie.

Lo condenable es que sigan los asesinatos, ataques que dejan lesiones discapacitantes, violaciones a las mujeres, la presencia de grupos llamados paramilitares, la desaparición, el despojo y hasta las emigraciones forzadas que provocan dolor en un pueblo sumido en la pobreza y todas sus condenables consecuencias.

Las autoridades, llámense como se llamen y esté quien esté, hacen caso omiso a las denuncias que las víctimas o sus familias presentan debido a la comisión de los delitos arriba detallados.

Es increíble cómo la “responsable” de la Procuraduría General de Justicia del Estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, señale que no descarta la venganza como un posible “móvil” del asesinato de Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro Aguilar.

Su dicho –que denota la característica que han privilegiado la mayoría de los funcionarios: cinismo– se basa en que el dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui Independiente (MULTI), Timoteo Alejandro Ramírez, contaba con cuatro expedientes penales en su contra por delitos que van desde la portación de armas de fuego hasta el homicidio.

No me queda claro, si la Procuradora incluyó dos denuncias más en contra de Timoteo Alejandro Ramírez, presentadas en el Verano de 2006 y 2007, respectivamente. Primero por la violación tumultuaria de una niña, entonces de 13 años, quien lo reconoció entre uno de sus cuatro agresores sexuales (Averiguación previa número 157/2006) y, por otra parte, Timoteo fue señalado, por un testigo, como uno de los hombres que participó en la desaparición forzada de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez el 5 de julio de 2007 (Oficio de investigación número 295 de fecha 13 de julio del año en curso, derivado de la Averiguación Previa Numero 187/2007).

Es increíble cómo la autoridad puede consentir tantas denuncias y no proceder, garantizando con ello la impunidad para una misma persona a quien nunca alcanzó la “justicia”, pese a los muchos reclamos hechos por familiares de sus víctimas.

Aunque parezca una necedad, hay que recordar que el ex procurador y actual Secretario General de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y ahora Candelaria Chiñas, nada hicieran por detener a Timoteo Alejandro Ramírez, la razón –vuelvo a repetir– fue no exponer a los policías ministeriales o agentes investigadores.

Estos hechos muestran el desprecio que por la vida de las mujeres –indígenas y pobres– tienen autoridades como el doctor Evencio y otros que no mueven un dedo para hacer justicia a la niña de 13 años ni a las desaparecidas hermanas, Virginia maestra bilingüe de 20 años y Daniela de 14 años estudiante de secundaria, quienes salieron de su casa en El Rastrojo el 5 de julio de 2007.

Pero esta condición de desprecio a una vida libre de violencia para las mujeres no es sólo elemento del gobierno que encabeza Ulises Ruiz; el gobierno federal en manos del panista Felipe Calderón sigue empecinado en mostrar que en este país hay mexicanos de primera, segunda, tercera… Cuando el que desaparece es de primera, como Diego Fernández de Cevallos, las cosas cambian; incluso no es necesario esperar 72 horas, tiempo al que son obligadas las familias de las victimas de Ciudad Juárez y de todo el país para iniciar una averiguación.

No, sí el que se pierde, extravía, es secuestrado, autosecuestrado o desaparecido, es un mexicano de primera, como el Jefe Diego, es suficiente para ordenar a todas las policías que se movilicen.

Por ese desprecio a las mujeres y otras razones como criminalizar el aborto, es como actúan priistas y panistas, bajo la complicidad y el silencio de perredistas, es difícil creer en las propuestas coaligadas que hay en este proceso electoral, pero ese tema es harina de otro costal.

El tiempo ha pasado. La niña de 13 años sigue viviendo en el más completo abandono institucional, nunca recibió ningún tipo de tratamiento frente al trauma de la violación tumultuaria y la familia de las hermanas Ortiz Ramírez siguen clamando justicia, un abstracto que las y los habitantes de la zona triqui, que no son dirigentes de ninguno de los grupos que se arrebatan el poder, desconocen y que se ha convertido al paso de los días en un hecho real llamado impunidad.

Resulta menos complicado hacer caso omiso de las demandas, denuncias, reclamos y todos los llamados a la justicia que han hecho estas familias, que investigar los hechos y castigar a los responsables cuando se comprueban los datos; hoy, es cómodo decir que se podría tratar de una venganza personal, eludiendo con ello el conflicto sangrante que sostienen UBISORT y MULTI, hasta hace poco hermanados en el proyecto del municipio autónomo de San Juan Copala, y que hace tres semanas cobró la vida de la activista pro derechos humanos, Bety Cariño, y del observador Jyri Jaakkola, quienes pretendían llegar a la comunidad autónoma, en una Caravana de observación el pasado 27 de abril.

Por cierto, habrá otra caravana en los próximos días, como se anunció en el Encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, celebrado este fin de semana en la capital mexicana.

Es la impunidad institucional la que hace que los crímenes cometidos contra Felícitas Martínez y Teresa Bautista, ocurridos en abril de 2008, tampoco se hayan esclarecido y menos aún se detenga a los responsables, caso que como el anterior está en manos del gobierno federal.

Lo realmente cierto es que si las autoridades habrían hecho su trabajo, investigado y, en consecuencia, detenido a los responsables de la comisión de delitos que han sembrado el terror entre la población triqui, la situación en aquella zona de la mixteca oaxaqueña sería otra.

Sin duda, las autoridades de todos los niveles de gobierno de esta y varias administraciones atrás, son los culpables intelectuales de lo que ocurre en la triqui, estas “autoridades” debieron privilegiar el desarrollo basado, por supuesto, en el respeto y reconocimiento a la cultura de los pueblos indígenas y no privilegiar el poder de las organizaciones que se han convertido en los enemigos de su pueblo.

Sin embargo, a los funcionarios (que no funcionan) y que no son servidores públicos, no les gusta trabajar, desde hace años están clavados en la inercia de la politiquería, la corrupción, la intolerancia, en especial con quienes no son iguales a ellos como los grupos indígenas de Oaxaca, en cuyas culturas se concentra lo que pomposamente llaman la “riqueza” de la entidad; un viejo discurso, palabras que se lleva el viento, la comodidad del escritorio y que se concretan en la bien trillada frase de la “deuda histórica con los pueblos indígenas de Oaxaca”.

La procuradora Candelaria Chiñas tiene testigos presenciales en los hijos de Cleriberta Castro Aguilar y de Timoteo, al igual que en 2006 una niña triqui pudo señalar a sus agresores y existe otro testigo que vio a los hombres que llevaban en una camioneta a las hermanas Ortiz Ramírez, pero curiosamente nadie los detuvo ni los llevó a un juicio. ¿Podrá realmente la procuradora hacer algo esta vez?

Si Candelaria Chiñas, a diferencia de su antecesor, no le da miedo llevar a “sus” policías a la zona triqui o a donde sea necesario para detener a los responsables del asesinato, ojalá recuerde también los nombres que fueron asentados en las denuncias hechas por la violación a la niña y los que fueron señalados como culpables de la desaparición de Virginia y Daniela.

¡Veremos! De lo contrario, recordará el protocolo por el que pasaron cuando al asumir sus cargos se comprometen a guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen, so pena de que “la nación se los demande”.

Justicia lejana

La justicia se aleja, esa es la sensación que la gente tiene sobre la llamada ciudad judicial. Previsores de todo “los estrategas” de la administración pública decidieron realizar el cambio después de las elecciones del 5 de julio próximo. Se trata de no echarle más leña al fuego ni con las personas que acuden a atender asuntos judiciales menos con la burocracia.

Este conjunto de edificios inaugurados con bombo y platillos, discurso oficial, corte de listón a la usanza tradicional y la foto del recuerdo –donde aparecen sólo los señores que no tuvieron a bien empujar tantito a la procuradora María de la Luz Candelaria Chiñas, para que como ellos, pasara a la historia de ese idílico momento– están ubicados a una distancia de 45 minutos desde la ciudad de Oaxaca en automóvil propio, que aderezado por el intenso tráfico vehicular podría alcanzar hasta una hora de trayecto.

Sin duda, la geografía del valle central está saturada, es ya una gigantesca plancha urbana donde nadie cabe, la opción inmediata y sesuda fue mirar a los municipios conurbados como destino de los edificios para que la burocracia opere.

Sin embargo, lo único que se logra es alejar a la gente, poner una especie de muro de contención entre el pueblo y el gobierno.

Dramático será el hecho de que la Fiscalía para Atender los Delitos de Género Contra la Mujer también sea ubicada en aquellos edificios fuera de la ciudad de Oaxaca, porque sería un retroceso en la posibilidad de que las mujeres puedan acudir a denunciar hechos tan aberrantes como la violencia que se comete contra ellas.

El problema fundamental de tomar estas decisiones es el desconocimiento. Es imposible, cierto, pedirle peras al olmo. Los sesudos pensantes de la organización de la burocracia judicial deberían saber que las mujeres violentadas salen repentinamente de sus casas, sin nada más que lo puesto, a veces con amenazas de muerte que en muchas ocasiones se ha cumplido, en medio de la noche o durante el día da lo mismo, y me pregunto ¿si tendrán que caminar hasta llegar a la ciudad judicial porque salen hasta sin dinero y cuando lleguen y les pidan su identificación, el acta de sus hijos e hijas, las harán volver? ¿De verdad creen que las mujeres acudirán hasta allá?

Uno de los problemas de la violencia de género contra las mujeres es precisamente que ellas reconozcan que se comete un delito en su contra y que ser golpeadas no es derecho de sus parejas, todavía no se puede dar la vuelta del todo a esa página a pesar de los muchos millones de pesos que se han gastado en campañas.

Estas mujeres tienen sobre ellas una losa pesada que les fractura la autoestima lo que hace más difícil el camino para salir de la violencia en la que viven.

Sin duda, ubicar la Fiscalía para Atender los Delitos de Género Contra la Mujer hasta los terrenos de Reyes Mantecón es un obstáculo más en la lucha contra la impunidad en la que siguen viviendo algunos señores, donde además se violará la confidencialidad de quien denuncia al pasar por todo ese complejo de edificios, donde no faltará quien la reconozca.

Ahora sí, el IMO y su titular, lo mismo que las organizaciones no gubernamentales que desde hace mucho tiempo le levantan la canasta a las instituciones en la atención a la violencia de género y el seguimiento –siempre indispensable– a los casos, así como las instancias municipales de género tienen mucho que decir al respecto y que ojalá encuentren algún oído para atender esta demanda.

Y, finalmente sobre este tema, a menos que pongan un eficiente sistema de transporte público –lo que se ve sumamente difícil- lástima que ya quitaron las vías sino podrían pensar en un tren rápido tipo los que construyen el D.F., habrá graves problemas de estacionamiento, ya que la ciudad judicial tiene sólo dos mil cajones de estacionamiento para ocho mil empleados, basta que la mitad tenga automóvil (que no es difícil) para ocasionar el caos.

Las prioridades municipales

Cuando estamos cerca de la mitad del año, según el calendario y muy cerca de la conclusión del trienio del gobierno de Oaxaca de Juárez, otrora la capital del estado, las autoridades municipales presentaron la priorización de obras 2010 que se efectuarán con el ramo 33, fondo III y IV, Hábitat, Apazu y recursos propios. Es decir, se les estaba durmiendo el gallo.

Lo sorprendente es que de los casi 200 millones de pesos, poco más de la cuarta parte, es decir, más de 57 millones de pesos se destinarán para “haberes de seguridad municipal”, incentivos para policías, prima vacacional para seguridad pública, quinquenios del personal de confianza y otras prestaciones, así como un programa municipal de renivelación salarial del personal operativo.

De los casi 140 millones de pesos que quedan en la “priorización” municipal para este año habrá que restarle más de 58 millones de pesos para el pago de amortización de capital e intereses que el gobierno de la ciudad de Oaxaca tiene con Banobras.

Después de quitar lo del pago por la deuda bancaria, los que eran casi 200 millones de pesos para priorización de obras ejercicio 2010, se reducen a 82 millones, de los cuales se destinarán seis millones más al mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales que deben pagar los 13 municipios conurbados más la ciudad de Oaxaca, que aporto poco más del 50 por ciento mensual del gasto estimado en un millón de pesos al mes.

Entonces la realidad es cruel para las colonias de las 13 agencias municipales donde se harán “obritas”, parches y remiendos con la fabulosa cantidad de 76 millones de pesos, pero ojo, la “priorización” es directamente proporcional a los intereses del partido en el poder, es decir, el PRI, lo que se nota en el número de obras según el tipo de agencia. Guadalupe Victoria por ejemplo tendrá tres obras importantes con una inversión superior a los cinco millones de pesos.

La agencia de San Juan Chapultepec tendrá 14 acciones, el monto es superior a los cinco millones, es decir, serán obritas. En Dolores serán cinco obras, el monto es de dos millones; en Pueblo Nuevo son 12, la suma es de poco más de seis millones, otra vez obritas de unos cuantos metros. Santa Rosa Panzacola es la que más obras tiene con 28 y la inversión es de 12 millones, entre los que cuentan un puente peatonal por 3.5 millones de pesos.

En San Luis Beltrán la inversión es de 3.3 millones de pesos para 15 obritas de nueva cuenta. En Cinco Señores son siete obras, el monto es de 2.4 millones en lo mismo banquetas y guarniciones y algo de energía eléctrica. San Martín Mexicapan tendrá otras 19 acciones con la cantidad de siete millones de pesos y la historia se repite. En Donají harán 11 obras y tiene una de las inversiones más altas con 7.7 millones de pesos. Candiani tiene una inversión de casi dos millones de pesos para tres obras. En Montoya serán 11, el monto es de 6.6 millones de pesos.

Curiosamente en San Felipe del Agua también se priorizaron acciones, cuatro apenas, pero una de ellas supera los dos millones de pesos y se trata de la pavimentación de una de las calles de la zona residencial por excelencia de la ciudad de Oaxaca, las otras tres obras no suman los 900 mil pesos.

Hay otras obritas y acciones en colonias de la ciudad de Oaxaca que la verdad son manitas de gato que en nada que transforman el rostro desvencijado de esas colonias que contrasta con la millonaria inversión que se hace en el centro de la ciudad con los pisos ruidosos que durante tres años ha colocado el gobierno estatal.

Lo extraño de esta priorización es que no sólo incluye obras, sino también cursos de capacitación en aquellas tareas que ya saben no hacen sino reforzar la cultura patriarcal y la novedad es que han destinado la fabulosa cantidad de 604 mil pesos para prevención de embarazos no deseados y métodos anticonceptivos que ahora tendremos que investigar quién y dónde los pueden obtener las mujeres y en contraste también hay una cantidad pequeña para un curso sobre el cuidado de niños ¡Taran, taran!

Hay dos cursos de cocina a los que la autoridad municipal le destina 150 mil pesos, no se sabe si lleva incluidas las estufas, misma cantidad que se destina a un solo curso de Grafiti, además de una campaña de lentes, entrenamiento deportivos, etcétera. Esta asistencia social que se esmera en proporcionar el gobierno de la ciudad de Oaxaca, podría estar duplicándose con la inversión siempre millonaria que en ese sentido realiza el DIF Municipal y que está visto no resuelve nada.

El cabildazo volvió a funcionar, cuando este presupuesto de obras fue mayoriteado por los priistas que para colmo de males, como los regidores y regidoras de oposición, desconocían lo que aprobaron. Pero así quieren los priistas en campaña que funcionen las cosas, mientras los zopilotes, cual aves de rapiña, vuelan el otrora cielo azul de Oaxaca.

* Premio Nacional de Periodismo 2007 en la categoría de Noticia, Corresponsal de CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer A.C.) en Oaxaca.

 

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