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Promesas y verborrea

Las estadísticas nos revelan una aproximación a la realidad. Si hablamos de más de 12 mil delitos de violencia familiar y sexuales en Oaxaca entre los años 2010 y 2016; es decir, el tiempo de la actual administración, quiere decir que el promedio diario de denuncias es de casi siete.

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De esa cifra, casi nueve mil casos son denuncias por violencia familiar. Esto quiere decir que al menos cinco mujeres se presentan cada día para demandar justicia frente a hechos de violencia familia, es decir, en la inmensa mayoría por parte de su pareja, a veces, incluso de su expareja.

Y, aunque no lo creamos la violencia sexual contra niñas y mujeres sigue siendo alto, más de tres denuncias por día.

Pero la tragedia más grande que han enfrentado las mujeres que viven en Oaxaca ha sido el feminicidio. En los cinco primeros años del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, poco más de dos mujeres han sido asesinadas por semana.

En este 2016, 18 mujeres asesinadas según la propias Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.

Es decir, hay un ligero pero significativo repunte en este inicio de año, pues supera los 2.5 asesinatos por semana y de acuerdo con los datos proporcionados por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, se ha duplicado el número de asesinatos contra mujeres y niñas comparado con el mismo periodo pero del año anterior (2015).

Los datos fríos podrían no decir nada a nadie, excepto a las familias y a las mujeres que desde sus muy diversas trincheras, filias políticas e ideologías han puesto el dedo en el renglón porque lo que sucede en Oaxaca no es normal, se ha normalizado, que es una cosa totalmente diferente.

Lo otro es qué pasa después de un hecho de violencia. Una situación tan dramática como el propio momento de la violencia machista contra las mujeres.

¿Qué sucede con las denuncias? Pregunté esta semana a Ileana Hernández Gómez, Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y el recuento es realmente espeluznante y del que ya habíamos planteado aquí, solo a partir de las quejas de las mujeres sobre la falta de contundencia para aplicar la ley por parte de las instituciones, llámese Fiscalía, el ominoso caso del Centro de Justicia para las Mujeres o el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, cuyo papel es distinto pero que resulta igualmente responsable.

De acuerdo con la Fiscal solo el 10 por ciento de quienes denuncian a sus agresores llega hasta el momento de la consignación. Pero después ese 10 por ciento puede reducirse aún más si la pareja “acuerda” con su violentador al tomar una salida alterna, la cual puede consistir en obligar a su pareja o ex pareja a proporcionarle alimentos, o siguen la vía del divorcio y en algunos casos vuelen con ellos con la condición de que acudan a la escuela de reeducación para hombres violentos dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Aunque de estos últimos son los menos, pero mucho menos.

Esto nos habla de la construcción social que sí importa y que sigue imperando en el mundo de hombres y mujeres totalmente desiguales y en condiciones de desventaja para ellas.

Por un lado en la punta de iceberg, tal vez, podemos decir que muchas mujeres desisten de continuar sus procesos, como así lo han denunciado en repetidas ocasiones las víctimas, debido a la falta de trato digno o malos tratos, para nadie nuevo que las mujeres además de agredidas por la pareja o ex pareja sufren agresión institucional, la ineficiencia e ineficacia de la burocracia que investiga los hechos o los delitos, y lo tardío que resulta el proceso de investigación, la corrupción que impera en los cuerpos policiacos –que como también se ha denunciado cobran para ejecutar la orden de aprehensión–, sólo por citar algunos casos.

Bajo el agua que oculta al iceberg de esta fatal violencia están varias marcas de género. De acuerdo con la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género muchas mujeres dejan sus denuncias a mitad del camino por miedo a su agresor. ¿Solo miedo al agresor? No, los miedos son muchos, uno es a romper con lo establecido dentro de la familia de donde se proviene. Miedo al qué va a decir la gente.

A contradecir los mandatos eclesiásticos que claramente establecen “que lo que Dios a unido no lo separa el hombre”.

Miedo a quedarse sola ¿cómo si nos dijeron que somos la mitad de otros? Miedo a enfrentar la vida cuando se ha dependido económicamente de la contraparte, porque ellos son los proveedores. Miedo a no saber qué hacer porque nunca se ha trabajado fuera de su casa, donde por cierto nadie reconoce su aportación ¿acaso no era su obligación cuidar a los hijos, a la pareja, a los padres y madres y tener la casa limpia, tanto como la ropa y la comida caliente?

Miedo porque no se tiene a dónde ir. No es para menos, recién conocimos que los hombres poseen 91 por ciento de las viviendas en este país. Además, hay otro dato menos del 15 por ciento de las mujeres son propietarias de la tierra en este país.

¿Cómo denunciar al agresor, además el padre de sus hijos e hijas –que si son menores se quedan desprotegidas, que sin son mayores cuestionan la conducta de su madre, porque las patadas, los gritos, la violencia emocional o económica no era para tanto–, si es el proveedor, mal o regularmente; a dónde ir a vivir, en qué trabajar?

Y como la violencia familiar y todas las violencias machistas y misóginas se ven, se analizan, se estudian, se enfrentan desde las instituciones, cuando eso pasa, de manera parcial, no existen soluciones integrales.

Ya se ha planteado en otros países la Ciudad de las Mujeres, una especie de colonia donde las mujeres encuentran eso que hoy hace que el mundo se le cierre a muchas mexicanas, como en este caso a las oaxaqueñas que el 90 por ciento de los casos renuncia a tener justicia para ellas y que la impunidad respecto a los delitos que se cometen contra las mujeres alcanza el 99 por ciento.

Ese es el cuestionamiento para quienes sostienen que “algo se ha hecho”, que en la garantía al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia estamos del otro lado, que ya crearon diversas instancias y se ha engrosado la burocracia de procuración de justicia, además de que ahora sí el funcionariado entiende de género y de igualdad.

¿Será suficiente?

No, frente a la realidad, se cae a cachitos la verborrea. Porque lo que no se ha hecho es plantear una forma distinta para nuestra sociedad desigual, no hay acciones claras y precisas de prevención de la violencia.

Gabino Cué Monteagudo está a solo meses de terminar una funesta administración para las mujeres. Y como decía Lucha, mi querida abuela, se irá con la cola entre las patas.

No tuvo nunca ni disposición ni ganas de enfrentar el problema, que creció cobijado por la omisión y la impunidad, y permitió que las omisiones vinieran desde el propio Instituto de la Mujer Oaxaqueña, desde todas esas instancias donde se sigue conciliando la justicia entre el agresor y su víctima, como si hubiera lugar para tomar esas decisiones tan pálidas y equivocadas, que al cabo del tiempo llenan los panteones de cruces.

La verdad siempre duele para quienes no son cínicos. El problema es que los nuestros son gobiernos cínicos de ahí que el oportunismo persista. Si no cómo nos explicamos ese acto de campaña anticipada de la ex directora del IMO, Anabel López Sánchez, quien renunció al cargo hace 15 días y que hará –dice– “un balance de los avances y retos de la agenda de las mujeres”, el próximo jueves en un conocido hotel de la ciudad de Oaxaca.

Ella en busca de una candidatura –que se afirma por designio de Cué– utiliza la información institucional para hacerse notar, adelantándose a quienes podrían ser dentro del mismo PRD sus contrincantes.

Ella que afirma ha luchado por los derechos de las mujeres, pretende hacer a un lado a más de una en ese instituto político, donde no ha militado, para tener un lugar. Y eso no lo dice quien escribe, lo dicen las perredistas, molestas por el oportunismo de López Sánchez.

Cero tolerancia a la violencia, empiezan a decir algunos futuros candidatos a la gubernatura, como Alejandro Murat, que va por el PRI, o Pepe Toño Estefan Garfías o Benjamín Robles Montoya que irán por la alianza PRD-PT-PAN (el mole de muchos colores).

La pregunta es: ¿de verdad?

@jarquinedgar

 

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