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Con la reforma que le dieron diputados, Bolaños Cacho prolonga su retiro 5 años

+ A 105 días de su cumpleaños 70, cuando debería retirarse como lo marcaba el desaparecido Consejo de la Judicatura, legisladores le dieron su regalo anticipado y podrá irse hasta el 2023

OAXACA, OAX, agosto 5.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, no sólo asumió el control del Poder Judicial al desaparecer el Consejo de la Judicatura, sino que además se autorizó como regalo anticipado de su cumpleaños 70, evitar ser jubilado por segunda vez y ampliarse el plazo como magistrado cinco años más.

En el colmo de la vergüenza, los legisladores repararon un primer dictamen, en el que habían dejado la edad de retiro en 70 años. Posteriormente hicieron público el nuevo dictamen en donde aumentaron la edad a 75 años, sin mayor explicación.

Este impasse del Congreso del Estado, todo por la instrucción del gobernador del estado para derogar el órgano de control y vigilancia, se registró a 105 días de que fuera retirado del cargo, ya que el próximo 13 de noviembre cumple siete décadas de edad, y tal como la marcaba la reforma constitucional aprobada en 2011, debería ser jubilado.

Como ya se informó en la entrega anterior, Bolaños Cacho Guzmán fue presidente del Tribunal Superior de Justicia durante el gobierno de José Murat Casab, padre del actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

En 2009, antes de que concluyera el mandato de Murat Casab, solicitó su jubilación de forma voluntaria como magistrado, la cual le fue aprobada el 11 de diciembre de ese año, para buscar en las elecciones del 2010 una diputación local por la vía plurinominal por el Partido Acción Nacional. Es decir dejó al PRI y al grupo del exgobernador para arrimarse otra vez a la coalición que llevó al poder a Gabino Cué. El PAN era uno de los partidos de la coalición, junto al Partido de la Revolución Democrática  y Convergencia.

Fue precisamente como diputado local e integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando aprobó la creación del Consejo de la Judicatura, cuando era afín al grupo de Ericel Gómez Nucamendi, cuyo sobrino Alfredo Lagunas Rivera llegó a ser el titular del Poder Judicial durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

Una vez que salió esa administración, con el triunfo de Alejandro Murat, volvió a ser nombrado  presidente del Tribunal, ante la licencia por tiempo indefinido de Alfredo Lagunas Rivera.

Siendo jubilado, Bolaños Cacho Guzmán estaba impedido por ley asumir el cargo, ante los siguientes impedimentos: nunca hubo una convocatoria para la presidencia del tribunal porque el titular tenía permiso; no cumplía con los tres años consecutivos como integrante de una sala; nunca se sometió  a un examen de oposición, y si hubiera recurrido a esta última opción, tampoco se incluyó en la lista de ocho candidatos para que el gobernador lo pusiera  en una terna y finalmente lo eligiera el Congreso en mayoría calificada.

LA TRAICIÓN COMO COSTUMBRE

Al desaparecer la Judicatura, Raúl Bolaños traicionó al grupo político que lo benefició.

Pero en Bolaños Cacho Guzmán ya es costumbre: ha sido dos veces diputado federal, una por el PRI y la última por Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Fue diputado local plurinominal por el PAN y dos veces funcionario del Poder Judicial con el PRI, además de ser candidato a la presidencia municipal por el partido naranja.

El 3 de mayo de 2010, su adhesión al PAN y a la campaña a la gubernatura de Gabino Cué fue hecha aquí por el entonces coordinador del Frente de Izquierdas, Manuel Camacho Solís.

En conferencia de prensa, Bolaños Cacho señaló que quien era gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, estaba dispuesto a todo con tal de evitar que algún opositor gane la elección, como “reventar la elección” con tal de “preservar un continuismo para gozar de impunidad y de la falta de rendición de cuentas”.

El grupo de Ericel Gómez Nucamend y Gabino Cué lo apoyó en esa ocasión, por lo que contó con el respaldo económico, moral y físico del secretario de elecciones del PAN, Cuauhtémoc Cardona; el delegado especial para Oaxaca, el entonces diputado Javier Corral Jurado (hoy gobernador de Chihuahua) y el dirigente nacional del Partido Convergencia, Luis Walton, así como el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, además de las dirigencias estatales de dichos partidos.

En 2013, luego de su paso en el Congreso por el PAN y aún aliado con el grupo de Cué Monteagudo y Ericel Gómez Nucamendi, fue candidato a la alcaldía oaxaqueña por el Movimiento Ciudadano, pero perdió ante su excompañero Javier Villacaña Jimenez. Sólo logró 4 mil 656 votos, contra 33,957 del priista y quedó en cuarto lugar. Sin embargo fue uno de los que impidieron el triunfo de Francisco Reyes Cervantes, de la coalición PAN-PRD-PT, quien habría obtenido 33 mil 62 votos.

Pese a la ayuda del grupo de Ericel y Gabino, el 15 de febrero de este año, Bolaños Cacho Guzmán despotricaba contra el entonces presidente con licencia, Alfredo Lagunas Rivera: “es ilegal y por tanto es improcedente su retorno a la titularidad del Poder Judicial del Estado, y siguen en curso las auditorias por los presuntos desvíos millonarios en que habría incurrido”.

Y concedió que Lagunas Rivera, “beneficiario del exgobernador Gabino Cué Monteagudo, le asiste el derecho de presentar su solicitud de retorno a la presidencia, sin embargo, yo sigo firme en la presidencia del Poder Judicial y acatará lo que determine el pleno del Tribunal Superior de Justicia”.

Bolaños Cacho Guzmán puntualizó que fue electo el pasado 13 de marzo del 2017, para cumplir el periodo para el que fue electo Lagunas Rivera, hasta el 2020. “Yo tengo la calidad de interino, esto, está fundamentado en el artículo 16, párrafo cuarto de la ley orgánica del Poder Judicial”, asentó.

Dicho precepto afirma:

“Las ausencias menores de diez días hábiles serán cubiertas por el magistrado que designe el presidente. Las ausencias mayores de diez días pero menores de seis meses, serán cubiertas por el magistrado que designe el Pleno en calidad de sustituto. Las ausencias mayores de seis meses, serán cubiertas por el magistrado que designe el Pleno en calidad de interino.”

La justificación fue política no legal, ya que no se remite a los requisitos por ley para ser magistrado y presidente. Y eso que Bolaños Cacho presume una maestría en Administración Pública en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia y un doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad “Rey Juan Carlos”, de Madrid, España.

UN AMIGO AL NUEVO ÓRGANO JUDICIAL A MODO

Para amainar la polémica por la desaparición del Consejo de la Judicatura, Bolaños Cacho Guzmán eligió al decano de los magistrados, Crescencio Martínez Geminiano y el juez César Cervantes Hernández como integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, órgano que sustituyó al Consejo de la Judicatura.

Al abrir el segundo periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 2018 y con fundamento en el Decreto 1539 aprobado el pasado martes 31 de julio por la LXIII Legislatura y publicado el 1 de agosto en el Periódico Oficial del Estado, el Pleno de magistrados cumplió con la enmienda del titular del Poder Judicial.

Con  43 años de servicio, el magistrado Martínez Geminiano, expresidente del Tribunal Estatal Electoral y catedrático de la Facultad de Derecho de la UABJO, fue el que el pasado 13 de abril le dio posesión a Raúl Bolaños Cacho.

En sesión solemne de Pleno, “el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia rindió protesta de ley, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado”, consignaba el comunicado de prensa.

En su discurso, Bolaños Cacho anunciaba una reingeniería del poder judicial “al que ofreció depurarlo, limpiarlo de corrupción, además de reactivar el esquema de juicios orales y de justicia alternativa.”

El otro integrante de la junta es César Cervantes Hernández, licenciado en Derecho egresado de la URSE, con Maestría en Derecho Privado por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y con 32 años de servicio en el Poder Judicial, quien es el único que sobrevive del Consejo de la Judicatura.

Entre los cargos que ha ejercido se encuentran el de ejecutor adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Proyectista de la Primera Sala Civil, Juez Mixto, Juez de lo Familiar, Juez de lo Civil, Magistrado Supernumerario del Tribunal Estatal Electoral y visitador del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El 2 de diciembre de 2013 había sido designado Consejero Juez del Consejo de la Judicatura en sustitución de Violeta Margarita Sarmiento Sanginés, quien de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, concluyó su función ese año.

Aunque fue elegido bajo el mando de Lagunas Rivera, su nombramiento fue por acuerdo del Pleno y mediante un proceso riguroso en el cual los aspirantes al cargo fueron evaluados en diferentes materias.

EL IMPASSE DEL CONGRESO: A LOS 75 AÑOS, “PLENITUD DE FACULTADES”

Para vergüenza de la LXIII Legislatura, se realizaron dos dictámenes. El primero –del que OMNIAmedia tiene una copia– de la sesión del 31 de julio, asentaba en el noveno punto:

“Los magistrados del Pleno Tribunal Superior de Justicia del Estado, que al momento de entrada en vigor de la presente reforma ya hubiera cumplido setenta años de edad, serán jubilados conforme a la Ley”.

Previamente, en la justificación de la reforma constitucional, los diputados de la Comisión de Administración asentaron: “…es importante para la reestructuración plena del Poder Judicial del Estado y para que esta cumpla cabalmente con las exigencias de la sociedad que los magistrados como instancia superior en la revisión de los asuntos jurídicos, cuenten con los años mínimos de experiencia que le permitan resolver de una forma correcta, oportuna, completa e imparcial, pero además con una edad de setenta años, que son los consideran suficientes para que en ejercicio de las facultades físicas y mentales, los magistrados acudan diariamente a sus audiencias y acuerden con su personal las diligencias que deban llevarse a cabo, resuelvan sus asuntos puestos a su consideración”.

Pareciera una ironía, el razonamiento del legislativo: “… y sin negar que a esta edad humanamente puedan realizar otras actividades, consideramos que la dinámica que imprime un poder judicial joven (entre treinta y cinco y setenta y cinco años de edad) repercutirá en la despresurización del rezago judicial y agilizará la decisión de los asuntos judiciales, que es un reclamo social que debemos atender de manera prioritaria”.

El dictamen cuenta con la firma de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales: Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta; Adriana Atristain Orozco y Donovan Rito Garcia, del PRI; Horacio Antonio Mendoza (PRD) y León Leonardo Lucas, de Morena.

Para ampliar la edad y beneficiar a Bolaños Cacho Guzmán, los diputados tuvieron que firmar y presentar públicamente, sin mayor explicación, un segundo dictamen, en el que solo corrigieron en letra la edad de 70 a 75 años para la jubilación.

Sin embargo, los insignes diputados olvidaron corregir la edad durante la justificación, en la página 5 del dictamen, que a la letra dice:

Ante tales circunstancias se propone en este  dictamen que los magistrados que a la entrada en vigor del decreto hayan cumplido setenta años o más sean jubilados conforme a la ley, lo que necesariamente conlleva a que impartidores de justicia no quedarán en desamparo, por el contrario, se les deben cubrir todos los derechos que la ley les conceda por igual a los jubilados con esa categoría.”

Sin embargo, dicha medida no afecta a Raúl Bolaños, ya que aún faltan tres meses para que el titular cumpla los 70 años, así que la reforma lo salva y lo mete en el concepto de que puede estar hasta los 75 años de edad, mientras que una decena de magistrados no serán beneficiados y serán retirados de la función en lo que queda del año.

De esta manera, los diputados sirvieron no sólo a las indicaciones del gobierno del estado para desaparecer la Judicatura, sino que además sirvieron a los intereses personales de Raúl Bolaños Cacho Guzmán.

 

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