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Instalan ‘Comisión de la verdad’ para el ‘Caso Ayotzinapa’

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15.- La Secretaría de Gobernación instaló la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, con lo que arrancan los trabajos para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos hace más de 4 años.

“Hoy 15 de enero de 2019, estamos aquí para dar cumplimiento al decreto presidencial. Hoy instalamos la comisión que deberá coadyuvar a conocer la verdad de lo ocurrido en Iguala, en los hechos que provocaron la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa”, dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La funcionaria afirmó que con la comisión “vamos a esclarecer los hechos, vamos a saber la verdad”.

En el evento están presentes padres de los normalistas desaparecidos y representantes del gobierno federal.

Esta mañana, el vocero de los familiares, Felipe de la Cruz, dijo que los padres confían en que la comisión agote cuatro líneas de investigación “que quedaron inconclusas”, para dar con el paradero de los estudiantes.

“Hay cuatro líneas, que hemos demandado durante 4 años y meses, y esperemos que hoy con esta comisión, de la que formaremos parte como padres de familia, se agote la línea principalmente que lleva al Ejército mexicano, a la telefonía celular, al trasiego de la droga de Iguala a Chicago y sobre todo la detención de policías federales que participaron en la desaparición de 25 jóvenes en el puente del Chicote en Iguala”, explicó en entrevista para MILENIO Televisión.

Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, quien presidirá dicha comisión, explicó que ya se tienen definidos los lineamientos generales y un programa de trabajo “muy puntual”.

La comisión está conformada por familiares de los estudiantes desaparecidos o quien ellos designen que los represente; un representante de las secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público, así como por los expertos profesionales y técnicos que se requieran y que sean contratados con los recursos con los que se provea a la comisión.

CNDH ACUSÓ A NORMALISTAS DE AYOTZINAPA DE TRABAJAR PARA EL NARCO; SE BASÓ EN TESTIMONIOS BAJO TORTURA

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acusó que al menos dos líderes de la Normal de Ayotzinapa tenían vínculos con la delincuencia organizada cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014; y que las motivaciones de los normalistas para acudir a Iguala, en donde fueron atacados y desaparecidos, no respondían a una lucha social. Es decir, que los ataques perpetrados fueron provocados por la misma dirigencia estudiantil de la Normal.

El máximo órgano para la protección y defensa de derechos humanos en México llegó a estas conclusiones basado en confesiones de procesados que se obtuvieron presuntamente bajo tortura —según concluyeron organismos internacionales—, testimonios no verificables e, incluso, elementos no relacionados con los líderes estudiantiles.

Esta recomendación que emitió la CNDH en noviembre pasado sobre el caso Ayotzinapa deberá revisarse en la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia que se instala este 15 de enero; los padres de los 43 normalistas desaparecidos acusan que criminaliza a los jóvenes, pues no estuvo orientada a esclarecer las violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas.

Animal Político presenta un resumen de las evidencias que utilizó la CNDH para acusar vínculos entre los 43 normalistas y el crimen organizado:

¿Normalista y capo?

Según la versión de la CNDH, desde antes de los ataques de septiembre de 2014 contra los estudiantes, la Normal de Ayotzinapa ya estaba infiltrada por dos grupos de narcomenudistas que operaban con permiso del Comité de Base Estudiantil (autoridad de facto en la escuela, incluso por encima de los directivos formales).

David Flores Maldonado, conocido entre la comunidad escolar como Parka, ocupaba el cargo de “secretario general” del Comité de Base, es decir, el más alto puesto de la estructura estudiantil.

Para asegurar que David Flores Maldonado era miembro de un grupo de delictivo, la CNDH se basa en las supuestas palabras expresadas por otro normalista, al que identifica como “Carrilla”, y al que personal de Derechos Humanos supuestamente entrevistó en abril de 2017, es decir, dos años y siete meses después de los hechos.

Según la CNDH, el estudiante Carrilla afirmó que “aproximadamente 70% de la población estudiantil de la Normal se drogaba, ya sea con marihuana o con cocaína”, situación ante la que “algunos integrantes del Comité de la Base Estudiantil pretendieron poner remedio”, pero los vendedores de droga y los consumidores “iban a quejarse con su amigo, el secretario general del Comité Estudiantil, identificado por todos como La Parka, quien, más allá de resolver el problema, toleraba esta situación y consentía que en la escuela se distribuyera, vendiera y consumiera droga”.

Aunque la CNDH presenta estas afirmaciones como si fueran el testimonio del normalista Carrilla, en realidad  se trata del testimonio de los dos funcionarios que dijeron haber hablado con él.

La CNDH no incluye en la recomendación sobre el caso Iguala la transcripción de la entrevista con ese estudiante, por lo que no es posible verificar qué dijo exactamente.

En su lugar, se presenta un documento redactado por personal de la CNDH, en el que supuestamente se resumen las palabras del normalista.

El documento no cuenta con la firma del supuesto testimoniante, sino sólo la de los dos servidores públicos que lo redactaron.

En ese documento elaborado por la CNDH se afirma que, en 2014, Carrilla encabezaba la “Cartera de Orden del Comité de Base Estudiantil” de Ayotzinapa, y que, en ese cargo, tenía la facultad de aplicar el “código de disciplina”, que estipulaba la expulsión de todo alumno que consumiera alcohol, drogas o que agrediera físicamente a otro compañero.

Así, según la CNDH, Carrilla “tenía facultades hasta para expulsar a los Secretarios (del Comité de Base Estudiantil) si fuera necesario”. Es decir, este normalista era el responsable de proceder en contra de los líderes que supuestamente permitían el narcomenudeo en la escuela, pero no hay evidencias de que lo hiciera o, al menos, que lo intentara, tanto como no hay evidencias del supuesto narcomenudeo.

El documento redactado por el personal de la CNDH no aclara por qué este normalista no expulsó a David Flores Maldonado por su supuesta protección a narcomenudistas, aún teniendo esa obligación, y la CNDH no se lo preguntó.

La recomendación de la CNDH, de hecho, no menciona que este organismo haya realizado ninguna labor orientada a verificar esta acusación, simplemente la da por cierta.

En su página 329, por ejemplo, la recomendación de la CNDH asegura que para el 26 de septiembre de 2014, en la Normal “existía una situación de riesgo real e inmediato” para los normalistas, “porque las instalaciones eran utilizadas para introducir objetos producto de delitos cometidos por algunos de los estudiantes, así como para cometer delitos contra la salud”.

Aunque la CNDH asegura que su trabajo institucional “está supeditado, invariablemente, a fundar y sustentar su actuación, sus afirmaciones y sus posicionamientos”, así como a “probar (sus afirmaciones) con elementos y evidencias capaces de resistir el más profundo, riguroso y crudo escrutinio”, en el caso del normalista David Flores Maldonado y del supuesto narcomenudeo que solapaba dentro del plantel, la única prueba que presenta la CNDH es un documento elaborado por dos empleados de la misma institución.

Consultado en entrevista sobre este aspecto de la recomendación, José Trinidad Larrienta, quien encabezó la investigación de la CNDH, aseguró que la hipótesis en contra del normalista David Flores Maldonado no es una “acusación”, sino que se hace “una descripción de evidencias, de hechos”, y la acusación formal le corresponderá presentarla a la PGR, “si se recaban los elementos necesarios”.

Cuando se consultó a Larrieta sobre la acciones emprendidas por la CNDH para verificar las imputaciones contra el normalista, confirmó que no realizó ninguna acción de verificación. “Eso –respondió– le corresponde a la Procuraduría.”

Aún así, Larrieta sostuvo que la investigación de la CNDH se caracteriza por “demostrar lo que estamos diciendo” y que sus conclusiones son “lo más cercano a la verdad”.

Gente “sospechosa”

Para reforzar la hipótesis de que el dirigente normalista David Flores Maldonado permitía actividades delictivas dentro de la normal, la CNDH se basa en otras circunstancias supuestamente descritas por Carrilla.

Este normalista, asegura la CNDH, “señaló que aproximadamente 15 días antes de los trágicos hechos de Iguala, entre las nueve o diez de la mañana, llegó a la Normal una persona que le pareció sospechosa. La persona era de complexión delgada, como de 21 años de edad. No era, afirmó, de la región de Tixtla, llevaba una ‘mariconera’, preguntó por el director y dónde quedaba la dirección. Entró a la oficina del director y platicó con él, sin tardar mucho”.

La CNDH no detalla cuál es exactamente la relevancia de que una persona entrara a hablar con el director de la Normal en horario de oficina o cuál es la relación de esa visita con el ataque perpetrado días después contra los estudiantes. Aún así, incluye este dato como evidencia de que gente “sospechosa” operaba dentro la Normal.

Al día siguiente de esa visita, continúa la versión de la CNDH, “entre las 11 y las 12 de la noche llegó hasta la Normal una camioneta tipo Van, cerrada, que (al testimoniante, Carrilla) le pareció sospechosa”.

Según la CNDH, en esa camioneta “iban tres ‘chavos’ que no pertenecían a la Normal, uno de ellos bajó y se dirigió al dormitorio de un amigo al que conocen como Gasela, amigo de David Flores Maldonado, La Parka. Gasela, junto con ese joven, se dirigieron al lugar donde estaba la camioneta, ambos la abordaron, los tres chavos de esa camioneta le piden a Gasela que les entregue el dinero; Gasela se bajó de la camioneta, fue por el dinero, regresó y les entregó aproximadamente diez mil pesos. Las tres personas se retiraron posteriormente”.

Aunque la CNDH da por cierto este supuesto antecedente de actividad delictiva, hay un problema: en la Normal de Ayotzinapa, la zona de estacionamiento de vehículos y la zona de dormitorios de cuarto grado no están uno junto al otro, ni hay visión directa entre ambos sitios. Por el contrario, están en puntos opuestos del plantel, con una separación de 250 metros lineales, con distintos edificios administrativos y de aulas entre ellos, así como una cancha techada y otra enrejada, y muchos árboles de por medio obstruyendo la visibilidad continua, además de que a medianoche la Normal está completamente a oscuras, ya que carece de iluminación en áreas abiertas.

Es decir, por la distancia entre ambos puntos, las distintas construcciones y elementos naturales existentes, y por la falta de iluminación, no es factible que una misma persona pudiera presenciar toda la cadena de sucesos descritos entre la llegada de la camioneta y su partida, ya que, para ello, el testimoniante habría requerido estar en distintos puntos del plantel, al mismo tiempo.

Pese a ello, dicho testimonio es empleado por la CNDH para sentar la noción de que, en los días previos al ataque a los normalistas, gente “sospechosa” se movía dentro de la Normal, en conexión con la supuesta actividad de narcomenudeo que, según su versión, David Flores Maldonado solapaba dentro.

Aunque, en su recomendación, la CNDH critica que los órganos internacionales que dieron asistencia técnica a la PGR hayan asumido como ciertos algunos testimonios “sin considerar que la descripción que se hace corresponde simplemente a una apreciación personal, respecto de la que no existe en el expediente medio de prueba alguno que la soporte”, eso mismo es lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo en el caso del normalista David Flores Maldonado, sobreviviente de los ataques en Iguala: usar un testimonio, no verificable, en su contra.

Fotografías en Facebook

El segundo dirigente estudiantil de Ayotzinapa al que la CNDH describe con vínculos al tráfico de drogas es el normalista Bernardo Flores Alcaraz, quien forma parte del grupo de 43 normalistas víctimas de desaparición forzada.

El doctor José Trinidad Larrieta, encargado de la investigación realizada por la CNDH, aseguró que de esas 43 víctimas, sólo 42 son “inocentes”, según esa versión, quien no es inocente es Bernardo Flores Alcaraz.

Él, junto con David Flores Maldonado, insistió el funcionario de la CNDH en entrevista, “arrastraron a 42 normalistas inocentes” a Iguala.

Tal como se desprende de la recomendación de CNDH, la prueba con la que cuenta el ombudsman nacional para “describir” al normalista Bernardo Flores Alcaraz como narcotraficante son tres fotografías de Facebook.

La primera imagen muestra un campo de flores de amapola y, según la CNDH, Bernardo Flores Alcaraz tomó personalmente esa foto y luego la subió a Facebook.

No obstante, las mismas evidencias que aporta la CNDH demuestran lo contrario: que Bernardo Flores Alcaraz no tomó esa foto, ni la subió a la red social.

Tal como puede constatarse en la captura de pantalla que la CNDH presenta como “Evidencia 30”, la foto de las amapolas fue subida a Facebook por un usuario distinto a Bernardo Flores Alcaraz.

De ese otro usuario no puede saberse el nombre, porque la CNDH lo bloqueó con una franja negra en la evidencia presentada, pero sí es posible constatar que montó la foto en Facebook el 2 de julio de 2013.

Igualmente, es posible constatar que ese usuario tampoco envió directamente la foto a Bernardo Flores, sino que subió la imagen a la comunidad de Facebook denominada “100% sierra linda de Atoyac”, de la que Bernardo, entre muchas otras personas, era seguidor.

Las capturas de pantalla incluidas en la “Evidencia 30” revelan que, cuatro días después de que se subió la foto a Facebook, el 6 de julio de 2013, Bernardo Flores Alcaraz  dio “compartir” a la imagen, con el comentario: “Escurre chido la cosecha y muchos se van a la ciudad a trabajar, no saben lo que se pierden los compas jajajaja”.

La CNDH no argumenta en su recomendación cómo es que compartir esa foto de Facebook convierte a Bernardo Flores Alcaraz en narcotraficante, aún con el mensaje que el adolescente añadió.

Cuando se consultó sobre esta situación al encargado de la investigación realizada por la CNDH, el doctor José Trinidad Larrieta no sólo insistió en que la foto con amapolas sí fue tomada y subida a Facebook por Bernardo Flores Alcaraz, sino que, además, aseguró que en la foto aparece el mismo normalista.

Se trata, subrayó el representante de la CNDH, de “una foto propia (de Bernardo Flores Alcaraz), y atrás de él (aparece) un cultivo de amapola”.

Esta afirmación, no obstante, es falsa: en la foto de las amapolas no aparece Bernardo Flores, ni ninguna otra persona.

Por otra parte, además de la foto de las amapolas, la CNDH también presenta como evidencia de la supuesta actividad delictiva de Bernardo Flores Alcaraz otras dos imágenes de Facebook: la foto de una pistola junto con balas posadas sobre una superficie plana, y la foto de una cuatrimoto en un camino de terracería.

Tal como en el caso de la imagen de las amapolas, la foto de la pistola y la de la cuatrimoto tampoco pertenecen a la cuenta de Bernardo Flores Alcaraz, sino a otras cuentas de Facebook.

En el caso de estas dos fotos, de hecho, el normalista no les dio “compartir” ni formuló ningún comentario sobre ellas, y tampoco hay evidencia de que el estudiante alguna vez viera esas fotos, a pesar de lo cual, la CNDH se las atribuye al normalista y las presenta como evidencias de su vínculo con el tráfico de drogas.

En el caso de estas otras dos imágenes, la CNDH tampoco explica cómo es que convierten a Bernardo Flores Alcaraz en narcotraficante, si no existe nada que las vincule con él en la evidencia presentada.

Veredicto dictado

Para reforzar su hipótesis en contra de Bernardo Flores Alcaraz, la CNDH añade que “el propio secretario del Comité de Lucha (cargo que ocupaba el normalista en la estructura estudiantil) en algún momento dejó saber a un compañero que él era de la sierra de Guerrero. Con discreción le comentó que él y su papá se dedicaban a sembrar amapola, que de eso vivían”.

La CNDH, sin embargo, no presenta la frase completa enunciada por el testimoniante, el cual, en realidad, luego de afirmar que el normalista y su papá se dedicaban a sembrar amapola, añadió luego que “no era una actividad (a la) que en lo particular se dedicara (Bernardo Flores o su familia), sino que era común que todo el pueblo se dedicara a eso”.

Esta última parte de la frase, en la cual el testimoniante corrige y desvincula a Bernardo Flores Alcaraz y su familia de la siembra de amapola, fue ocultada por la CNDH en su recomendación.

Como parte de sus investigaciones, la CNDH no reporta haber realizado ninguna acción para verificar la veracidad o falsedad de las imputaciones formuladas contra Bernardo Flores Alcaraz y su papá, sólo las asume como ciertas y, categóricamente, el organismo determina que existen “antecedentes personales de este estudiante, que lo vinculan a cuestiones de tráfico de estupefacientes”.

Finalmente, la CNDH remata su argumentación contra el normalista, destacando que, en enero de 2015, “al contar la ‘verdad histórica’”, la PGR “menciona a Bernardo Flores Alcaraz y a Miguel Ángel Hernández Martínez (otro normalista víctima de desaparición) como miembros del grupo (de narcotraficantes) de Los Rojos”.

No obstante, la CNDH omitió aclarar que, en esa misma ocasión, la PGR advirtió que esa era una imputación formulada por presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos detenidos por la autoridad, y que no existían pruebas de que esas imputaciones fueran verdaderas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también omitió aclarar que quienes acusaron a los normalistas de trabajar para el cártel Los Rojos fueron cuatro personas detenidas, sobre las que existen “fuertes elementos de convicción” para concluir que fueron torturados por las autoridades, para extraerles esas declaraciones, tal como concluyó la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Así, las evidencias en las que la CNDH basa su hipótesis contra el normalista Bernardo Flores Alcaraz son: tres fotos de Facebook (tomadas y subidas por otros usuarios), un testimonio editado, y cuatro declaraciones obtenidas bajo tortura.

Tomado de Animal Político: https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/cndh-acus%C3%B3-a-normalistas-de-ayotzinapa-de-trabajar-para-el-narco-se-bas%C3%B3-en-testimonios-bajo-tortura/ar-BBShdrw?li=AAggxAT&ocid=mailsignout#image=AA8Gx6Y|26

Tomado de Milenio: https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/instalan-comisi%C3%B3n-de-la-verdad-para-el-caso-ayotzinapa/ar-BBSi6Kw?li=AAggxAT&ocid=mailsignout

 

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