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Estrategia de Economía Solidaria en México

Guelaguetza 2019

El fracaso de la revolución verde[1] se observó en el deterioro de los ecosistemas por el uso inadecuado, excesivo o simplemente inapropiado de los insumos químicos, que además de ser externos, los costos de una agricultura altamente tecnificada se elevaron al grado de no ser viable o rentable en pequeñas escalas.

En el caso de México el cultivo de café da cuenta clara del fracaso de la aplicación tecnológica irracional, de modo tal que la coyuntura de crisis tecnológica y económica del mencionado cultivo propició que los campesinos buscaran alternativas que les permitiera continuar con un cultivo que por ser perenne no se puede cambiar de un momento a otro, como lo hacen las grandes industrias que producen solo lo que demanda mercado. La alternativa que los campesinos encontraron fue producir con normas de la agricultura orgánica.

Esta práctica agrícola consiste en procesos cuyo objetivo es producir alimentos sanos sin dañar el medio ambiente, hecho que responde a las necesidades o exigencias que los consumidores comenzaron a solicitar principalmente en el mercado internacional, recientemente en el plano nacional es una demanda que está cobrando importancia, de tal forma que si bien es una respuesta a una demanda de mercado, también responde a las necesidades ambientales.

La primera experiencia de agricultura orgánica certificada en México se observó en la Finca Irlanda en el año de 1967 en el estado de Chiapas. Sin embargo, fue una organización de pequeños productores de café quienes lograron consolidar la agricultura orgánica en México (Pérez-Grovas, 2002), ya que, gracias a la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) esta agricultura tomó importancia porque los campesinos coincidieron con su ideología del cuidado de la “Madre Tierra”, es decir, con sus valores, símbolos y prácticas culturales, más allá del sólo hecho de obtener precios diferenciados en el mercado del aromático.

Actualmente, la agricultura orgánica en México se desarrolla principalmente por campesinos indígenas del sureste. Para el año 2005 existía un registro de 80,664 productores con agricultura orgánica, de los cuales 58% son productores indígenas.

La superficie total cultivada bajo las normas de esta agricultura es de 292,459.26 ha., de las cuales 147,136.74 ha. se dedican al café, a su vez, 139,092.21 ha. se localizan en Chiapas y Oaxaca, representando así 94.53% de la totalidad de café orgánico certificado que se produce en México (Sánchez, 2015). Estos datos indican la importancia social y económica que representan las organizaciones de caficultores indígenas en la agricultura orgánica en México.

La integración de las organizaciones de campesinos indígenas a la agricultura orgánica además de permitir la obtención de precios diferenciales en el mercado, ha posibilitado la consolidación de unidades de producción organizadas. Por tanto, las organizaciones de pequeños agricultores son un referente importante en las estrategias de economía solidaria.

De este modo, el cultivo del café orgánico, representa no sólo valores éticos de respeto al medio ambiente, también representa una serie de labores, de esfuerzo que realizan los campesinos para mantener la biodiversidad, un trabajo que no es realmente valorado y remunerado por el mercado.

Por esta situación surgió la reflexión desde los productores indígenas de solicitar un precio justo por su producto. Fue también la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), la primera organización que logró exportar su café de manera directa en 1985 y los socios de este colectivo explicaron que debía reconocerse y revalorarse su producto con un precio justo.

La propuesta fue que se les pagara el valor real de la producción, desechando la idea de que esto era una solicitud de ayuda altruista, ya que sólo pedían el pago adecuado a la inversión de su trabajo en una producción de calidad, con lo cual surgió el sistema de comercio justo.

De tal forma, el comercio justo es una muestra de economía social y solidaria puesto que, en este sistema tratan de resaltar las relaciones sociales establecidas entre productores y consumidores antes que sobrevalorar la relación mercantil.

En contraparte, la racionalidad del mercado convencional se rige por la eficacia, la especialización, la eficiencia, la rapidez y la extracción de los recursos naturales.

En cambio, la racionalidad de la economía solidaria tiene su fundamento en valores morales como la reciprocidad, solidaridad, justicia, participación, diversidad y otros valores éticos que permiten rescatar al ser humano como tal y no sólo como elemento que en determinado momento tiene un valor de cambio y uso para complementar los ciclos de la producción.

Por otro lado, es necesario destacar que la economía solidaria no es una formula matemática, receta, panacea o algo similar, más bien es una forma económica diferente de relacionarse, por ello, sólo se observan algunas estrategias que apuntan hacia la formación de un sistema “otro” que se puede ir construyendo dentro y fuera de la única forma económica que prevalece.

Ahora bien, la lógica bajo la que funciona el mercado globalizado es diametralmente opuesta a la economía solidaria; por tanto, aunque el comercio justo puede representar una estrategia, también tiene contradicciones por el hecho de funcionar dentro del mercado global.

En el caso de algunos campesinos que exportan su producción a través del sistema de “Comercio justo”, tratan de revalorar el trabajo de los productores; sin embargo, se ven afectados por las leyes del mercado de oferta y demanda, así como la especulación financiera.

Por otro lado, los campesinos organizados que desarrollan estrategias de economía solidaria, en general mantienen valores éticos como la participación democrática en la toma de decisiones al interior de sus empresas sociales; no obstante, debido a que comercializan en el mercado internacional, en algunas ocasiones una sola persona tiene que tomar decisiones inmediatas para cumplir con las exigencias del mercado, dando una respuesta eficiente y competitiva; es decir, se presentan contradicciones por estar dentro de un sistema regido por el mercado, sin que esto implique la anulación de la alternativa para los campesinos y que es una forma de mantenerse en el plano local bajo lógicas propias, donde no se privilegian sólo las relaciones mercantiles, pese a que están integrados en el sistema económico hegemónico.

Por tanto, considero que los campesinos organizados del comercio justo aunque comercializan en el mercado internacional ineluctablemente globalizado actúan de acuerdo con la lógica de reciprocidad con respecto a los miembros de sus organizaciones y a los consumidores, lo cual no los exime de responder a las exigencias de la lógica del mercado, incluso a la lógica del Estado en el momento que consideran necesario acceder a los recursos financieros gubernamentales a través de proyectos o subsidios para la producción.

De acuerdo con Lipietz, la economía solidaria no es una fórmula porque no establece una delimitación territorial de carácter redistributivo, debido a que la propuesta no está nunca del todo dentro y tampoco del todo fuera del sistema económico actual.

En efecto la economía solidaria cuenta con una racionalidad diferente a la del mercado, porque su característica es mantener el valor de la reciprocidad y de las relaciones sociales sin dejar de lado que tiene que ser económicamente viable para poder convivir en el modelo económico existente, por eso sólo es una alternativa para mantenerse diferente en medio del sistema que prevalece.

En términos económicos el comercio justo es una opción en la obtención de ingresos económicos para las familias de los campesinos organizados, que les permite además mejorar sus procesos productivos, sus proyectos sociales dentro de sus comunidades de origen; de hecho en las localidades se pueden observar algunas diferencias en su calidad de vida entre un productor organizado y aquéllos que no lo están.

A manera de cierre de esta reflexión, considero que tanto la problemática del deterioro ambiental como la profundización de la desigualdad comercial que generó más pobreza en el mundo rural, son condiciones que propiciaron la emergencia de alternativas como la agricultura orgánica y el comercio justo que se considera una estrategia de economía solidaria.

Ambas se consideran estrategias de desarrollo sustentable no sólo por el logro de la conservación del medio ambiente sino también por la posibilidad de un sobreprecio que pueden obtener los campesinos con esta producción.

Finalmente, la solidaridad debe formar parte de los principios básicos para procurar un mundo más justo, aprovechando los recursos naturales sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras; es decir, la procuración de un desarrollo sustentable.

De gran importancia tener consciente valores éticos como los principios de solidaridad, reciprocidad, justicia, participación y diversidad en el diseño de políticas públicas, lo cual puede posibilitar un desarrollo “otro” que disminuya las condiciones de desigualdad social, asimismo evitar la depredación del medio ambiente al considerarlo como recurso natural aprovechable y no explotable.

Doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas, Profesora-Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, correo electrónico: gladksj@yahoo.com.mx

[1] La Revolución Verde es una expresión del pensamiento moderno en cuanto a la instrumentalización de la naturaleza, puesto que sólo se redujo a implementar un paquete tecnológico que planteaba la aparente solución para obtener altos rendimientos de producción, aún bajo las inclemencias climáticas y la falta de agua; es decir, una visión eminentemente productivista que también se fundamentó por medio del discurso de la falta de alimentos en países pobres y la explosión demográfica con incrementos acelerados. Sin embargo, en esta expresión no se tomaron en cuenta los costos ambientales que la aplicación de un paquete tecnológico con estas características podría ocasionar.

 

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